La interacción entre el cambio climático, la movilidad humana y los principios de la transición justa plantea un desafío urgente, especialmente para los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID) del Pacífico y el Caribe. Estas naciones enfrentan vulnerabilidades climáticas, como el aumento del nivel del mar, fenómenos meteorológicos extremos y degradación ambiental, lo que impulsa la migración interna y transfronteriza. Este informe explora prácticas emergentes que abordan estos desafíos con un enfoque holístico y colaborativo.
La movilidad inducida por el cambio climático está condicionada por factores ambientales, económicos, sociales y políticos. Si bien la migración es una respuesta adaptativa, sigue siendo el último recurso para muchas comunidades profundamente vinculadas a sus tierras ancestrales. La inmovilidad voluntaria se ha convertido en una consideración clave, ya que las poblaciones afectadas buscan maneras de permanecer en sus lugares de origen con dignidad. El informe destaca estrategias descendentes y ascendentes para soluciones de movilidad sostenibles y basadas en derechos, tal como se estipula preliminarmente en los acuerdos climáticos que buscan fortalecer nuevos estándares en el derecho internacional humanitario y la diplomacia (internacional) relacionada con el clima.
Un aspecto clave es el papel de la Cooperación Sur-Sur y Triangular (CSST) en el fomento de la innovación política y el aprendizaje entre pares. El informe analiza siete prácticas emergentes, entre las que se incluyen las Directrices de Reubicación Planificada de Fiji, la Política Nacional de Vanuatu sobre Cambio Climático y Desplazamiento Inducido por Desastres, y el Marco Regional del Pacífico sobre Movilidad Climática, entre otras. Estas iniciativas destacan la gobernanza participativa, la participación comunitaria y la coordinación regional como vías productivas para abordar los desafíos derivados del cambio climático.
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